El magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, Pedro Troconis, denunció en la tercera audiencia de la Organización de Estados Americanos la ilegalidad e irregularidades que se cometieron en la designación exprés de los magistrados del TSJ en diciembre de 2015.
No se cumplieron los lapsos ni el procedimiento establecidos en la Constitución para la designación de estos magistrados, ni “se respetaron las normas para el comité de postulaciones, no estuvieron presente los 3 miembros del Poder Ciudadano para una correcta selección y la fiscal Luisa Ortega Díaz dijo que no estuvo presente para la designación de los magistrados del TSJ”, denunció Troconis.
Además, responsabilizó al magistrado Mendoza de dictar una decisión “en donde dice que nuestro nombramiento es nulo y que cometimos un delito de usurpación y traición a la patria. Esto estuvo suscrito por otros magistrados”.
Según el testimonio de Troconis, “los magistrados en el 2015 se eligieron de forma irrespetuosa y en contra de la ley. La Fiscal General de Venezuela no aprobó la elección de los magistrados en el 2015 por lo que actualmente se están emitiendo decisiones sin valor jurídico. El TSJ que opera en Caracas es ilegítimo. En cambio nosotros fuimos electos bajo los requisitos que establece la ley”.
Denunció que luego de su nombramiento por parte de la AN, 18 efectivos de cuerpos de seguridad del Estado llegaron a su casa buscando a su esposa. Esta situación y las continuas amenazas en su contra obligaron a Troconis a abandonar el país de manera forzada. Responsabilizó al presidente Nicolás Maduro y a Gustavo González López, director del SEBIN.
Troconis también informó que el gobierno continuó la persecución en contra de los magistrados nombrados por el Parlamento. “Ángel Zerpa estuvo preso en el baño de la cárcel de El Helicoide y al magistrado Rojas Torres, quien fue detenido en el estado Anzoátegui, lo llevaron a la sede del SEBIN y le grabaron un video en donde él decía que nunca llevó los recaudos para postularse sino que los llevó un diputado, que tampoco fue al acto de juramentación, pero en la foto de ese día se ve claramente que sí asistió al acto. Lo obligaron a firmar una carta de renuncia para devolverle su libertad”.
Por otro lado, denunció que a todos los magistrados nombrados por la AN les bloquearon las cuentas bancarias y tampoco pueden firmar la venta de ningún mueble e inmueble.
Fuente: NDP
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