La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, solicitó a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el antejuicio de mérito de los 6 magistrados y 2 suplentes de la Sala Constitucional. Nombró que se trata de los principales Juan José Mendoza, Aracadio Delgado, Carmen Zuleta, Calixto Ortega, Luis Damiani, Lourdes Suárez y los suplentes Federico Fuenmayor y René Degraves.
Desde la sede del sitio, la funcionaria explicó que actúa debido al presunto delito que habrían cometido de “conspiración contra la forma republicana de la nación, previsto y sancionado en el artículo 132 del Código Penal”, esto es a razón de la publicación que hicieron en marzo de las sentencias 155 y 156 que provocaron lo que reitera fue “una ruptura del orden constitucional”, a tal punto que el Gobierno Nacional convocó de manera urgente el Consejo de Defensa de la Nación (Codena).
Explicó que a pesar de que el TSJ efectivamente publicó aclaratorias de esas sentencias, tal como se lo instó el (Codena), “lo que aclararon fue en cuanto a las medidas innominadas, pero no entraron a conocer el fondo de ellas”, ya que en ellas se le estaba dando poderes especiales al presidente de la República, incluyendo en materia penal, algo que debe “ser interpretada de manera restrictiva porque el Estado y los ciudadanos necesitan seguridad jurídica de quién va a investigarlo y juzgarlo”. Agregó que en las mencionadas polémicas decisiones “prácticamente se disolvía la Asamblea Nacional, se le quitaban todas las atribuciones y se las arrogaba la Sala Constitucional del TSJ, con la potestad de delegarlas en quien ellos quisieran”.
“Indudablemente estas sentencias ponen en peligro la democracia, requisito indispensable para la paz, para la convivencia humana”, afirmó la Fiscal General de la República, subrayando luego que “no es a través de un acto de fuerza como se conspira contra la forma republicana de la Nación, también se conspira generando daños irreparables a través de sentencias”.
De esta manera aseveró que “lo que se está buscando es desmantelar el Estado”.
No dejó a un lado su rechazo a que la misma Sala Constitucional sentenció posteriormente, en decisión N° 378, que “se revive la democracia representativa y se deroga la democracia participativa y protagónica”, lo cual -dijo- viola el artículo 5 de la Constitución Nacional, “se le transfiere a un poder constituido la soberanía que solamente es y puede ejercerla el pueblo, e igualmente se atenta contra la supremacía constitucional”.
Así, justificó que actuó al haberse desconocido el Estado de derecho.
“Es necesaria la paz de la República, la seguridad. No es posible que el TSJ (evalúe) hoy no me gusta la Asamblea Nacional yo la elimino, mañana no me gusta el Ministerio Público y lo elimino, mañana no me gusta otro organismo y lo elimino. Necesitamos seguridad, no puede ser que se vaya a desestructurar el Estado, desmantelar el Estado, conspirar para cambiar la forma republicana establecida en esta Constitución, solamente por caprichos”.
Instó a que el país cuente con decisiones “serías y responsables” del Tribunal Supremo de Justicia, más aún de su Sala Constitucional, esto para lograr la tranquilidad de los ciudadanos.
Otras acciones
Por todo lo anteriormente expuesto, la Fiscal General de la República aseveró que “estos magistrados no pueden seguir en la Sala Constitucional”, por lo cual les solicitó por razones “morales y éticas” a inhibirse de conocer ese caso.
Anunció además que en el supuesto de que no se inhiban, pidió la recusación de los mismos, “e igualmente estamos pidiendo como una medida cautelar innominada la separación del cargo de estos magistrados”.
“Corre peligro la Nación, corre peligro el Estado de derecho, el derecho, la paz de la ciudadanía. Esta sería la muerte del Derecho si nosotros permitimos que estos magistrados sigan en esta Sala”, opinó.
De esta manera llamó a que se convoquen a nuevos magistrados.
Rechazo el impedimento a acceder al TSJ
En la misma ocasión la cabeza del Ministerio Público fustigó la violación del derecho “al tutelaje judicial efectivo” con los obstáculos instalados por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en las inmediaciones de la sede del Tribunal Supremo de Justicia los días recientes.
“¿Cómo se va a accesar al TSJ si ponen tanquetas y obstáculos? Si las personas se querían adherir lo correcto era haber habilitado espacios para que las personas vinieran y manifestaran e hicieran sus peticiones que es otro derecho consagrado en la Constitución”, reflexionó.
Asimismo repudió que algunos presidentes de circuitos judiciales en los estados Portuguesa y Miranda hayan ordenado a su personal “abstenerse de recibir cualquier tipo de solicitud, escrito o reclamo de cualquier persona para la adhesión del recurso de nulidad del amparo cautelar”, recurso interpuesto por ella el jueves de la pasada semana ante el máximo órgano de administración de justicia.
Fuente: El Universal
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