https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=ZBbqbT1R9Gg
Hace tres años se registraron 43 caídos en cuatro meses de movilizaciones y concentraciones contra el actual Gobierno, actualmente se supera la cifra de fallecidos a tan solo mes y medio. Cabe acotar que el material audiovisual maneja un registro de 40 asesinatos en mes y medio hasta el día 14 de mayo; en horas de la mañana del 15 de dicho mes, se realizó la actualización. Lo grave de esta situación, es la cantidad de artículos de la Constitución venezolana que son violados por el Estado.Artículo 43. El derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla. El Estado será responsable de la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad, prestando el servicio militar o civil, o sometidas a su autoridad en cualquier otra forma
En conversaciones con el abogado constitucionalista y defensor de los derechos humanos, José Vicente Haro, “el derecho a la vida se viola cuando se utilizan armas de fuego o sustancias tóxicas que podrían ser letales contra los manifestantes”. Afirmación que se comprueba con el artículo 68:Artículo 68. Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público.
En el caso de sustancias tóxicas, la Constitución se refiere al uso de gas pimienta para amedrentar y disuadir las manifestaciones. Explicó que en el caso de las bombas lacrimógenas y de los perdigones “se usan para disuadir una grave alteración del orden público, más no para dispararle a una persona”.“Las bombas lacrimógenas deben ser disparadas al aire no al cuerpo (…) Su función es hacer llorar a una persona para neutralizarla pero no la intoxica y asfixia”, resaltó Haro.
Aseguró que el uso de las bombas vencidas hace que la sustancia se descomponga y la haga tóxica. “Estoy convencido de que no son bombas lacrimógenas sino que intoxican y, por ello lleva a la persona al asfixia”, sentenció. El constitucionalista insistió en que el Estado está obligado a investigar y sancionar los delitos cometidos contra los derechos humanos, en el que incluso “violando estos artículos mencionados, han llevado a las personas a la muerte”.Artículo 29. El Estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades.
Las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, violaciones graves a los derechos humanos y los crímenes de guerra son imprescriptibles. Las violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad serán investigados y juzgados por los tribunales ordinarios. Dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía.
Pese a que el Ministerio Público mantiene publicado el Balance de víctimas fallecidas y lesionadas durante manifestaciones en abril – mayo de 2017 , desde el medio registramos dos fallecidos más en hechos vinculados con manifestaciones. Cifra que, además concuerda con la recogida y divulgada por el defensor de los derechos humanos citado en esta investigación.
Cabe acotar, que dentro del material audiovisual no tenemos registrada a María de los Ángeles Guanipa, quien sí aparece dentro del informe del Ministerio con estos datos “Tenía 38 años de edad y vivía en Coro, estado Falcón. El 02 de mayo de 2017, se desplazaba en un autobús a la altura del Km 174 de la autopista Valencia – Puerto Cabello, donde chocó y se produjo un volcamiento por barricada, incidente que dejó como saldo varios lesionados y dos personas fallecidas, entre ellas Guanipa, quien presentó traumatismo craneoencefálico. Para conocer este hecho fue comisionada la Fiscalía 3° del estado Carabobo”. Este caso forma parte conforma el grupo de los 40.
Fuente: Caraota digital
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