Más de 60 familias que resultaron estafadas en la entrega de viviendas del complejo habitacional Ciudad Chávez, parroquia Rafael Urdaneta de Valencia, actualmente viven en condiciones precarias, sin servicio de agua potable, calles, cloacas y alumbrado público, pese a que las autoridades regionales conocen la situación de estos habitantes.
Los vecinos alegan que la Gobernación de Carabobo les permitió invadir estos terrenos con la promesa de asignarles un apartamento tricolor, sin embargo, ellos nunca fueron tomados en cuenta.
Conforme pasó el tiempo, se improvisaron las casas de hojalata con tomas ilegales de electricidad, lo que el pasado jueves conllevó a la quema de cinco ranchos. Afortunadamente, el incendio no cobró víctimas fatales, sin embargo ningún organismo los socorrió, pues los bomberos no tenían unidad disponible y Protección Civil Carabobo tampoco se apersonó en el lugar.
El diputado a la Asamblea Nacional (AN) Marco Bozo, quien realizó un recorrido en la zona, deploró que personas inescrupulosas cobraron dinero a estas familias para una supuesta entrega de apartamentos, cuestión que aunque denunciaron en la gobernación, nunca se investigó y se castigó a los responsables de la estafa.
“Los vecinos con agua de cloacas que desbordaba de las calles tuvieron que apagar el incendio. Una vez más vemos cómo prometen y no cumplen, familias que viven engañadas. Aquí se demuestra toda la necesidad que vive el pueblo y la poca capacidad que tienen las instituciones para responderles”.
Bozo destacó que los niños tienen que acudir recurrentemente al ambulatorio por presentar enfermedades infecto-contagiosas debido al desborde de aguas negras, cuestión que ha empeorado durante estos días de lluvia.
“Todo esto es consecuencia de las malas políticas del gobierno, que no logró satisfacer las necesidades más básicas del pueblo con venezolanos que viven en condiciones muy dramáticas”, apuntó.
A estas familias no han llegado los Claps para entregarles comida, ni mucho menos la Gran Misión Vivienda Venezuela. Tampoco gozan de centros de salud cercanos, ni de escuelas; derechos que están garantizados en la Constitución.
Fuente: NDP
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